Recurso contra la subida de tarifas de agua del trasvase

plenoEl ayuntamiento de Lorca se adherirá al recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo que presentarán el Gobierno regional y el Sindicato Central de Regantes.Será en contra de la subida de las tarifas de aprovechamiento de agua del trasvase Tajo-Segura, acordada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre. Así se ha aprobado hoy en el pleno que también ha dado luz verde a la rehabilitación de 76 viviendas sociales en régimen de alquiler del municipio.El concejal de Agua, Melchor Morales, ha presentado hoy al pleno municipal una moción en la que  señala que la subida aprobada por el Gobierno central supone un encarecimiento del agua de regadío del 88 por ciento y un aumento del  precio del agua de abastecimiento del 68 por ciento.

Morales ha recordado que, con las nuevas tarifas, los agricultores pagarán el año que viene 17 céntimos de euro por metro cúbico de agua de riego del acueducto frente a los nueve céntimos de este año.

En el caso del resto de consumidores, industriales y domésticos, se pasará de 12,5 céntimos de euro por metro cúbico a 21 “y Murcia será la región de España que más caro pagará este recurso”.

Los incrementos tarifarios abocarán “al sector primario a la desaparición” ha dicho Morales, que ha calificado la subida de “irracional” ante la “situación desesperada” que atraviesan los agricultores por la crisis de mercado.
La Comunidad de Regantes de Lorca cifró la semana pasada en más de 700.000 euros el gasto extra que supondrá la adquisición de agua a los agricultores lorquinos con la nueva tarifa.

Por otro lado,el ayuntamiento ha aprobado también en el pleno firmar un convenio con el Instituto de Vivienda y Suelo para la rehabilitación,reparación y obras de mejora de un grupo de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.

Se trata de 22 viviendas de Cañada de Morales,19 de la calle Alfonsina del Barrio de San Pedro y 35 en calle Ministriles del barrio de San Diego.

El ayuntamiento recibirá para ello del gobierno regional 300.000 euros.

En este marco,el consistorio elaborará un censo actualizado de los ocupantes de las viviendas y cuotas pendientes de abono en concepto de arrendamiento.

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